La iniciativa promovida por seis ciudadanos a través de la red social Facebook, dio resultado y ayer un juez de primera instancia de Madrid citó para el próximo 17 de febrero a Cospedal para un acto de conciliación previo a la demanda civil interpuesta por estos seis ciudadanos y ratifique o se retracte de sus acusaciones, según adelantó la Cadena SER. Este grupo fue creciendo hasta alcanzar los 4.000 fans.
La denuncia llega al juez porque estos ciudadanos la interpusieron, no porque la justicia haya actuado de oficio al ver el creciente número de firmantes que secundaban dicha denuncia, pero si ha conseguido la repercusión mediática gracias a la difusión de este grupo por la red social.
Tampoco nos vamos a engañar y pensar que el salto a los medios de comunicación se deba exclusivamente a eso y no al personaje que tiene la historia como protagonista.
Dicho todo esto, no es un mal signo que los medios de comunicación, aún con estos condicionantes, atiendan lo que se mueve en las redes sociales, es decir, lo que dicen y piensan ciudadanos anónimos sobre sus políticos y lo que hacen/dicen. Tampoco se debe obviar el clima que se palpa entre la ciudadanía referido a la clase política que la representa, para alcanzar este límite de hartazgo no precisamente inconformista, sino, más al contrario, activo y reivindicativo ante las formas de hacer política.
Los actos o no actos en política no quedan impunes y las declaraciones sin pruebas en contra de la seguridad del Estado y de la actuación de las FCSE tienen un doble filo altamente peligroso, especialmente si quien las pronuncia pretende, en algún momento, alcanzar y ocupar el poder, es decir, gestionar los asuntos de Estado y dirigir las FCSE.
Javier Lorenzo-Rodriguez 
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